El académico Juan E. Ibáñez junto al profesor del Programa de Derecho y Medio Ambiente UC, Ricardo Irarrázabal, participaron de un artículo para La Tercera. En el mencionado artículo  explica la necesidad de que se amplíe el concepto de “sostenibilidad” en la Constitución -que actualmente está limitado a la responsabilidad fiscal en el borrador constitucional- y que es una instancia para que sea un criterio que permita armonizar tensiones entre el desarrollo económico, los derechos sociales, y la respectiva protección ambiental.

El Director del Programa de Sostenibilidad Corporativa señaló que: "la sostenibilidad lo que busca es un adecuado balance de los impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, es muy raro que en la Constitución no se hayan incluido esos tres pilares, como sí está incluido, por ejemplo, en Ecuador".

En ese sentido, el académico cree que si se incorporan estos tres pilares, podría dar más certeza sobre cómo va a conversar el derecho de la naturaleza con los derechos de las personas y lo que pueden o no hacer las empresas, por ejemplo.

"De hecho, hoy día en Chile hay jurisprudencia de la Corte Suprema donde ha aplicado los principios de la sostenibilidad para resolver temas, como por ejemplo, Quintero-Puchuncaví, Petorca, e incluso el cierre de centrales termoeléctricas, donde estableció que las empresas tienen que preocuparse de sus trabajadores, es decir, hacer una transición justa, como se le ha llamado, lo cual entra por la línea del pilar social".

No obstante, para finalizar Ibáñez indicó que "en el estado actual de la discusión constituyente, no hay ningún principio que permita articular todos estos intereses, así que de cierto modo hay un derecho de la naturaleza absoluto. Sin embargo, de todas maneras en la práctica las personas y las empresas producen, y pueden afectar de alguna manera el medioambiente, en niveles que no son riesgosos para la salud, y eso está permitido. Pero como hasta ahora no hay ningún principio que articule, no se sabe cómo van a conjugarse estos principios. Al final, lo que puede pasar, tal como ha ocurrido en otros países, es que si no hay un mecanismo articulador, se termina con un conflicto de derechos que no genera cohesión ni apunta al desarrollo sostenible".